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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SE COMUNICA A LEGISLATURA DE RÍO NEGRO URGENTE TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 1448/2025

ANTECEDENTES

Constitución Nacional.

Constitución de la Provincia de Río Negro.

Ley 4395: Se suspende hasta el 31 de julio de 2009 los cortes de Suministro domiciliario de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica, para los trabajadores desocupados, cuya situación de desempleo o condición socioeconómica impidan el cumplimiento de sus obligaciones en término.

Carta Orgánica Municipal.

FUNDAMENTOS

La presente comunicación tiene por objeto solicitar a la Legislatura de la Provincia de Río Negro el urgente tratamiento y aprobación del proyecto de ley 1448/25, que suspende hasta el 31 de diciembre de 2027 el corte o interrupción de los servicios públicos esenciales (electricidad, gas natural y agua potable) en todo el territorio de la Provincia.

Durante años, Río Negro contó con la ley 4395, sancionada en 2009, una herramienta legal destinada a proteger a jubiladas y jubilados que perciben el haber mínimo, a personas desempleadas y a hogares en situación de vulnerabilidad social, evitando el corte de servicios esenciales cuando la imposibilidad de pago no respondía a una decisión voluntaria sino a una situación económica adversa. Esa política pública surgió como respuesta a un contexto de emergencia social y económica, y fue prorrogada en reiteradas oportunidades precisamente porque las condiciones que le dieron origen nunca dejaron de existir.

Sin embargo, dicha protección venció el 31 de diciembre de 2025 y no fue renovada. Como consecuencia, actualmente miles de hogares de la Provincia han quedado completamente desprotegidos frente a la posibilidad de interrupción de servicios básicos indispensables para una vida digna, en un contexto socioeconómico aún más grave que el que dio origen a aquella ley.

La interrupción de servicios públicos domiciliarios esenciales no constituye únicamente un problema económico o administrativo, implica una afectación directa de derechos fundamentales. El acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable se encuentra íntimamente vinculado con el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna y al desarrollo de condiciones mínimas de bienestar. En contextos climáticos como los de nuestra Provincia, la continuidad del suministro energético resulta además un factor determinante para la protección de la vida y la integridad de las personas.

La situación social y económica actual agrava aún más este escenario. Los ingresos de jubilaciones y pensiones mínimas continúan ubicándose por debajo del costo de la canasta básica; el desempleo y la informalidad laboral se incrementan; y los aumentos sostenidos en las tarifas de los servicios públicos colocan a numerosos hogares ante una disyuntiva dramática, destinar la mayor parte de sus ingresos al pago de la luz, el gas, el agua, o cubrir necesidades básicas como la alimentación, los medicamentos y otros gastos esenciales. En este contexto, la ausencia de un marco legal que contemple la situación de los sectores más vulnerables genera un escenario de creciente pobreza y de vulneración de derechos básicos.

El proyecto de ley cuyo pronto tratamiento y posterior sanción se solicita no propone condonar deudas ni desfinanciar a las empresas prestatarias de servicios. Por el contrario, plantea un equilibrio razonable entre la sostenibilidad del sistema y la protección de los usuarios en situación de vulnerabilidad. Entre sus principales disposiciones se encuentran la suspensión de cortes de servicios esenciales para determinados grupos sociales, la definición clara de los sujetos alcanzados por la protección, la incorporación del agua potable como servicio esencial dentro del régimen, la obligación de ofrecer planes de pago accesibles y la creación de mecanismos de control y sanción ante eventuales abusos.

Asimismo, se trata de una iniciativa que surge del trabajo sostenido de organizaciones sociales, en particular de la Asamblea de Jubilados y Jubiladas en Lucha de Bariloche, que desde hace años viene advirtiendo sobre las consecuencias de los cortes de servicios públicos, especialmente en la vida cotidiana de las personas mayores y de los sectores vulnerables de Río Negro.

Desde el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche entendemos que garantizar el acceso continuo a servicios públicos esenciales constituye una responsabilidad indelegable del Estado y una condición básica para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales. En ciudades como Bariloche, donde las condiciones climáticas hacen imprescindible el acceso permanente a la energía y al gas para la calefacción de los hogares, la inexistencia de mecanismos de protección frente a los cortes por falta de pago adquiere una dimensión particularmente crítica.

Por todo lo expuesto, resulta necesario y urgente que la Legislatura de la Provincia de Río Negro dé pronto tratamiento al proyecto de ley mencionado, a fin de restablecer un marco de protección para los sectores más vulnerables y evitar que miles de hogares queden expuestos a la interrupción de servicios esenciales para la vida cotidiana.
 

AUTORA: Concejala Roxana Ferreyra (Nos Une).

COLABORADORA: Eliana Romano.
 

El proyecto original N.º 544/26 fue aprobado el 27 de marzo de 2026, según consta en el Acta N.º 1217/26, correspondiente a la sesión convocada el 26 de marzo de 2026. Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el Art. 38 de la Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

SANCIONA CON CARÁCTER DE

COMUNICACIÓN

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